Georgia aprueba ley contra inmigrante

El Senado de Georgia aprobó este lunes el proyecto SB40, una medida similar a la ley B1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal.

La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor y 21 en contra, en medio de protestas tras un debate que se extendió por más de cuatro horas.

El proyecto SB40, del senador republicano Jack Murphy, autorizaría a policías locales a indagar el estatus migratorio de un detenido ante la sospecha de que se encuentre indocumentado en el país y exigiría a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados a través del sistema federal E-verify.

La medida es similar a otra, la HB87, aprobada a principios de mes por la Cámara Baja.

A diferencia de la HB87, la propuesta aprobada hoy por el Senado exoneraría a la industria agrícola, que genera ganancias por cerca de 68.000 millones de dólares al año en el estado, y otros empleadores que contraten trabajadores a través del programa federal de trabajadores migrantes de utilizar el sistema E-verify.

Al menos otras tres leyes consideradas “antiinmigrantes” han sido presentadas este año en la Legislatura de Georgia.

La HB296 exigiría contar a los indocumentados que atiendan en los hospitales y asistan a las escuelas públicas; la SB104 penalizaría a los jornaleros que ofrezcan sus servicios en la vía pública, a quienes los contraten y a las autoridades que no hagan cumplir la ley; y la HB59 prohíbe a jóvenes indocumentados el ingreso a universidades públicas del estado.

Varias organizaciones civiles llevaron a cabo una manifestación en contra de la SB40 y las otras medidas anti-inmigrantes que han sido presentadas a la Legislatura de Georgia desde enero.

“Muchos de nuestros estudiantes son indocumentados y esta circunstancia los impacta negándoles el acceso a la educación superior”, dijo a Efe Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR, por su sigla en inglés).

Senado de Arizona apoya nuevos planes contra indocumentados

El Senado de Arizona aprobó el lunes de manera preliminar las iniciativas de ley que le dificultarían más a los indocumentados encontrar trabajo y conseguir vivienda en el sistema público del estado.

La decisión representa una especie de prueba sobre un proyecto de ley más amplio en torno a la inmigración indocumentada que podría ser sometido a consideración a finales de esta semana. La iniciativa más extensa incluye versiones de las propuestas debatidas el lunes.

Uno de los proyectos obligaría a los solicitantes de vivienda en el sistema público a demostrar que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. También contempla el desalojo de los moradores que permitan vivir a indocumentados en una casa obtenida a partir del sistema público.

El segundo impide que las personas sin posibilidad de demostrar que están legalmente en Estados Unidos consigan la tarjeta estatal de verificación dactilar de antecedentes, requerida para muchos permisos de trabajo.

El presidente del Senado, Russell Pearce, patrocinador del proyecto más amplio, dijo que espera la aprobación senatorial para éste y otras medidas pendientes sobre la inmigración indocumentada en relación con la ciudadanía y el ingreso a hospitales.

Pearce, del Partido Republicano, fue quien auspició una controversial iniciativa de ley aprobada el año pasado que endurece las acciones legales contra la inmigración indocumentada en el estado, cuyas principales disposiciones fueron suspendidas por la jueza federal Susan Bolton.

La nueva y extensa propuesta de ley incluye también medidas que obligan a los padres de estudiantes a demostrar la ciudadanía de sus hijos, prohíbe conducir vehículos a los indocumentados y les impide asistir a universidades públicas y comunitarias.

Por otro lado, un juez federal fijó para el 1 de abril una audiencia en la que se presenten argumentos sobre una solicitud de la legislatura de Arizona para que le permitan defender las leyes de inmigración en su estado ante la impugnación del gobierno federal a esas legislaciones.