La defensa del AIB S.A.S aclara que todas las sentencias mencionadas en un comunicado
del lunes por la Corporación Aeroportuaria del Este y el Grupo Puntacana, han sido
objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales cometidas
contra los derechos fundamentales de AIB.
Santo Domingo, República Dominicana.– El Consejo de Defensa del Aeropuerto
Internacional de Bávaro (AIB) informó que en los procesos judiciales que enfrenta la
empresa no existe la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por ello, restó
veracidad a la versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de la terminal
aérea.
La defensa legal del AIB reaccionó a un comunicado publicado el lunes por el equipo de
defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC).
Afirmaron que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprueba el aeropuerto, ni el
contrato suscrito con el Estado para su construcción.
“Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones
sobre sentencias que no son definitivas, ya que estas han sido objeto de los
correspondientes recursos", destacaron los abogados del AIB en un comunicado.
Recordaron que el sistema de justicia del país consta de tres instancias jurisdiccionales y
una constitucional, por lo que cualquier sentencia emitida por un tribunal puede ser
recurrida ante las cortes superiores. “Sólo se puede hablar de una decisión definitiva
cuando el caso ha pasado por este proceso", resaltaron.
Es importante destacar, agregaron, que el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro ha
sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior
Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces.
Además, enfatizaron que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022)
se dictaron sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas,
violando el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.
El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro, entre los que se encuentra
el Dr. Emmanuel Esquea Guerrero, resaltó su firme compromiso de defender la legalidad y
la transparencia del proyecto. Señaló que todas las sentencias mencionadas han sido
objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales a los derechos
fundamentales cometidas.
Calificó como desafortunado el hecho de que se recurra a la opinión pública para intentar
influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes de
decisión. Consideró inadmisible que una resolución de un organismo dependiente del
Poder Ejecutivo pueda ignorar los derechos adquiridos por el AIB, respaldados por un
contrato firmado por el Estado Dominicano con la autorización del Presidente de la
República.
“Seguimos confiando en la justicia y en la legalidad de nuestras acciones y continuaremos
luchando para rectificar cualquier violación de los derechos fundamentales y
constitucionales”, concluyeron.